Dos cosas ignoraba, cuanto llegué con mi esposa a los Estados Unidos en 2017. Una tenía que ver con la gran cantidad de personas indocumentadas que viven acá; pensaba que eran algunos miles. Fue una sorpresa saber que casi alcanzaban la cifra de la población cubana. La otra tenía que ver con el erróneo pensar de que todos los indocumentados eran prodelincuentes. Pronto pude estar en congregaciones de cerca de cuatrocientos miembros, hermanos ardientes en la fe, donde la práctica totalidad eran indocumentados. Mi esposa y yo, tratábamos, en cierto templo de un estado norteño, con una dama guatemalteca; era una buena hermana, fiel, dulce, identificada plenamente con su grey. Puedo recordar cuánto nos ensombreció aquel minuto en que nos mostró el grillete que llevaba en el tobillo con un sensor electrónico. Había sido detenida y estaba pendiente de juicio para posible deportación. Tenía niños… Mi esposa encontró algún dinero en su pequeño monedero. Con amor se lo dio.
El tema de la inmigración en Estados Unidos es muy complejo, y las leyes relacionadas con el asunto han sido pendulares en la historia. En 1977, el noble presidente norteamericano Jimmy Carter, intentó la aprobación de un proyecto legislativo relacionado con la legalización de los inmigrantes. Sus esfuerzos fueron grandes, pero, lamentablemente para muchos, el intentó abortó una y otra vez en la Cámara de Representantes (1).
El 6 de noviembre de 1986, después de vencer grandes resistencias, y marcando un hito en la historia, el presidente norteamericano Ronald Reagan, pudo firmar la llamada «Ley Simpson-Mazzoli». Con ella aliviaba la situación jurídica de tres millones de inmigrantes indocumentados. Estos debían pagar una multa, abonar los impuestos atrasados y presentar documentos que demostraran su presencia en el país al menos desde el 1 de enero de 1982. La solicitud implicaba un pago de $185.00 dólares por cada adulto, $50.00 por niño y $420.00 por familia. Los beneficiados por esta ley recibían un permiso de residencia temporal que duraba dieciocho meses. Los discapacitados, ancianos y embarazadas tendrían acceso a ayudas económicas del Estado durante ese periodo cautelar. Cinco años después de regularizar su situación jurídica, los inmigrantes podrían solicitar pasaporte americano siempre que demostraran tener nociones de historia y capacidad para hablar aceptablemente en inglés (2).
Muchos hijos de inmigrantes y esposas no pudieron por una u otra razón calificar, de hecho, el 70% de los beneficiados por la amnistía eran hombres. Esto trajo fuertes protestas de los hispanos que fueron secundados por obispos católicos, con relación a las familias, en amenaza de verse fragmentadas. Sensible a tales cosas, Reagan anuncia, en 1987, que su gobierno no deportaría a los hijos de los inmigrantes regularizados (3).
George H. W. Bush retomó el asunto en febrero de 1990, y extendió la protección de los cónyuges de los inmigrantes que hubieran logrado su legalización en el proceso iniciado por Reagan en 1986. “Es vital que hagamos cumplir la ley, pero debemos hacerlo de un modo compasivo”, dijo para entonces Gene McNary, responsable de inmigración. “Separar a las familias anima a violar la ley” (4).
No sería la última vez que el gobierno de los Estados Unidos tomara una loable decisión acerca de la inmigración al margen del criterio del Congreso. El propio Bush conseguiría aliviar los requisitos a los inmigrantes chinos después de la masacre de Tiananmen (1990), y a los kuwaitíes después de la Guerra del Golfo (1991). Tanto William Clinton (1993) como George W. Bush (2001) facilitaron los trámites a los salvadoreños afectados por los desastres de la infausta guerra que sufrieron entre 1980 y 1992 (5).
Más acá en la historia puedo recordar cuando el 21 de noviembre de 2014, en Las Vegas, el presidente norteamericano Barak Obama, firmó una ley que protegió de deportación y garantizó permiso de trabajo para cerca de cuatro millones de personas que se encontraban ilegales en Estados Unidos, pero cuyos hijos eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, no importaba si estos últimos eran menores de edad. Para ser elegibles, los padres tenían que haber vivido en el país por lo menos cinco años.
Si las estadísticas de Pew Research Center de 2017 tienen vigencia, diez millones quinientas mil personas permanecen indocumentadas en los Estados Unidos (6), con la esperanza de una nueva «Ley Simpson-Mazzoli». Me despierta compasión pensar cuánto me ayudaron algunas de ellas en el difícil esfuerzo de adaptación cultural que sufre todo el que llega. Las cubran tu oración y mi oración en este día. Así sea.
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(1) María Ramírez. Univisión | Noticias. “Así fue la regularización de inmigrantes sin papeles que aprobó Reagan en octubre de 1986”. http://especiales.univision.com/pol16/asi-fue-la-regularizacion-de-inmigrantes-sin-papeles-que-aprobo-reagan-en-octubre-de-1986/index.html Publicado: 17 de noviembre de 2014. Accedido: 8 de octubre de 2020, 10:00 PM.
(2) Ibíd.
(3) Ibíd.
(4) Ibíd.
(5) Ibíd.
(6) Elaine C. Kamarck y Christine Stenglein. Vitales para votar. “¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos? ¿Quiénes son?”. https://www.brookings.edu/es/policy2020/votervital/cuantos-inmigrantes-indocumentados-hay-en-estados-unidos-quienes-son/ Publicado: 5 de diciembre de 2019. Accedido: 9 de octubre de 2020, 1:05 AM.
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